'Muchos no quieren cambiar nada porque si cambia pierden algo'

'Muchos no quieren cambiar nada porque si cambia pierden algo':
Juan Rosell rompe una lanza por el reformismo. Lo hace en forma de libro cuyo título no deja lugar a muchas interpretaciones: “Reformas o Declive. Los cambios necesarios para salir de la crisis y volver al crecimiento”. Más de 300 páginas densas y bien documentadas en las que el presidente de la CEOE diagnostica una a una las dolencias de la economía española para, a continuación, recetar su mejor tratamiento.
El autor considera que es un libro oportuno aunque, dado lo tardío de su presentación, quizá llegue cuando ya apenas queda tiempo para cambiar el rumbo de una nave a la deriva. El libro, que promete traer cola si sus adversarios van más allá de las solapas y se toman el trabajo de leerlo, toca asuntos de cerca asuntos delicados como la administración pública, los impuestos y, naturalmente, los sindicatos.
De estos últimos, su alter ego en el plano profesional, dice textualmente: “perfectos defensores de un status quo en lo laboral que está archidemostrado que no funciona y que solo es bueno para quienes tienen empleo fijo y antiguo, pero que penaliza fuertemente a quienes aspiran a tener un nuevo empleo”. Afirmación tajante y verdaderamente oportuna solo oscurecida por el hecho de que Rosell dice reflejar en este libro “una reflexión personal”.
Más allá de los sindicatos de clase que, a la vista está, necesitan un replanteamiento integral, la obra del catalán es ambiciosa en grado extremo. El reformismo debe impregnar todo el tejido económico español, especialmente la parte que linda con la legislación y las administraciones. Y ahí, claro, se topa uno con el Estado. Rosell, decidido a no morderse la lengua para convertirse en héroe institucional de los liberales españoles, está convencido de que “muchos no quisieran cambiar nada porque si cambian pierden algo”. Verdad verdadera.
Los que tienen mucho que perder son, sin irse muy lejos, los empleados públicos. Aquí el autor se detiene y ofrece una preciosa batería de datos que harían ruborizarse a esa izquierda que anda pregonando por ahí que “lo público” está herido de muerte. Los números son como el algodón: no engañan. En 1998 había en España 2.314.00 empleados públicos, una cifra alta, heredada de los años de Gobierno de Felipe González en los que la nómina del Estado creció un 25% a pesar de que el sector privado se contrajo. Hoy hay 3.013.000 después de un ligero recorte que el Gobierno llevó a cabo el año pasado. Con todo, la administración emplea hoy a más gente que en 2007, momento álgido de la burbuja inmobiliaria y año de mayor recaudación fiscal de la historia de España.
Sobre estos hechos incontrovertibles Rosell propone una reforma profunda del sector público que no se quede en meras declaraciones y buenas intenciones como las que exhibió el Gobierno la semana pasada. Para el autor es necesario que haya menos gente dedicada a estos asuntos pero mejor pagada. A Rosell le parece “de chiste” que el presidente de Gobierno cobre 80.000 euros. El representante de los patronos quiere que la administración funcione con los mismos principios que imperan el sector privado, en el que se premia la aptitud y la responsabilidad.
La reforma del sector público pasa inevitablemente por poner coto a la hemorragia legisladora de las últimas tres décadas. Aquí los datos son igualmente demoledores. Entre 1978 y 2012 las Comunidades Autónomas han promulgado 125.675 normas o, lo que es lo mismo, más de diez al día incluyendo domingos y festivos. El Estado central va a la zaga de sus hijas pero no por mucho. Desde 1970 ha promulgado 38.652 normas, lo que no está nada más para una sola administración.



Sólo en 2011 se promulgaron más de mil normas, casi la mitad de los cuales fueron reales decretos. “Cada año se producen más de cincuenta cambios en el IRPF, así como en otros impuestos", denuncia el autor como “prueba evidente del carácter improvisado y mal planeado de la legislación”.